Ante la ausencia de una regulación clara sobre los alquileres de corta estancia en la República Dominicana, desarrolladores inmobiliarios y administraciones de condominios han comenzado a establecer restricciones internas que prohíben el uso de plataformas como Airbnb en proyectos residenciales.
“Importante: esta es una torre familiar; no se permite Airbnb ni alquileres de corta estancia”, advierte un anuncio de una propiedad de reciente construcción en las inmediaciones del Parque Mirador Sur. Este tipo de mensajes, cada vez más frecuentes en plataformas como Facebook Marketplace, se promueven como un valor añadido para quienes buscan tranquilidad, seguridad y estabilidad residencial.
La creciente popularidad de los alquileres temporales, sin un marco normativo específico, ha generado preocupaciones en torno a la convivencia, la seguridad y la fiscalización de estas operaciones. En algunos casos, situaciones vinculadas a este modelo han llegado a los tribunales, evidenciando los vacíos legales existentes.
Frente a este escenario, el sector inmobiliario ha optado por regular internamente esta práctica a través de los reglamentos de condominio. “Muchos desarrolladores definen desde el inicio el enfoque del residencial y lo establecen en sus documentos legales para evitar conflictos futuros”, explicó Alberto Bogaert, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (AEI).
De acuerdo con datos del Ministerio de Turismo, a febrero de 2024 el país contaba con 47,474 propiedades destinadas a alquileres de corta estancia, lo que representa un crecimiento de 18.76 % respecto al mismo período del año anterior, con una oferta de 117,049 habitaciones.
Esta tendencia es especialmente visible en zonas urbanas de alta densidad del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, donde coexisten proyectos orientados tanto a vivienda permanente como a inversión inmobiliaria.
“Cada vez más compradores y residentes valoran este aspecto, sobre todo en proyectos donde la intención principal es vivir de forma permanente”, agregó Bogaert, destacando que en áreas con alta demanda turística o corporativa el debate sobre los alquileres temporales se intensifica dentro de las comunidades residenciales.
En este contexto, la prohibición de plataformas como Airbnb se consolida como una medida preventiva adoptada por desarrolladores para preservar la calidad de vida de los residentes, mientras el país avanza hacia una posible regulación que ordene el crecimiento de este segmento en auge.
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